La agricultura que mayoritariamente nos da de comer, la de las pequeñas explotaciones, es la más castigada, la más desprotegida. Esta injusta paradoja, con mayor o menor incidencia, se puede observar en todo el mundo. El ámbito geográfico en el que se localiza el CEMAS, la Comunidad Valenciana, no es una excepción.
Según datos de la FAO, las granjas familiares explotan alrededor del 75% de las tierras agrícolas del mundo. La mayoría de ellas son fincas familiares de pequeña escala y el 95% tiene menos de 5 hectáreas. Las mujeres desempeñan casi el 50% del trabajo agrícola, pero poseen solo el 15% de las tierras agrícolas. En la Comunidad Valenciana, un 80% de las explotaciones tienen esa dimensión (menos de 5 hectáreas).
Las personas que viven de estas parcelas han de hacer frente a las dificultades para el relevo generacional, la transición hacia una agricultura más sostenible, la imposibilidad de fijar unos precios justos a pie de campo y la falta de profesionalización, entre otras batallas. Y a pesar de eso, nos dan de comer todos los días.
La crisis provocada por la COVID-19 ha hecho más visibles las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. Cuando el mundo entero ha tenido miedo a quedarse sin productos frescos en la nevera, las miradas se han dirigido hacia estas personas, que siempre han estado ahí pero que nunca se habían percibido tan esenciales por la comunidad. Nos hemos percatado de los riesgos del comercio internacional y hemos vuelto la mirada hacia la producción local, los canales cortos de comercialización, el autoabastecimiento y la diversificación productiva.
2019 abrió el año del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028). Según esta organización, las explotaciones familiares producen más del 80% de los alimentos del planeta. Y más del 90% de las explotaciones agrícolas en todo el mundo son gestionadas por una sola persona o una familia, y dependen en gran medida de la mano de obra familiar.
Los problemas que ahogan a los pequeños agricultores y agricultoras valencianos
Si en algo coinciden todas las organizaciones que representan al sector es en la necesidad de que la persona que trabaja la tierra perciba un precio justo por el producto que vende. En este sentido, Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA señala que “el pequeño productor se encuentra muy indefenso ante los operadores comerciales y la gran distribución. El productor es el eslabón más débil dentro de una cadena agroalimentaria donde algunos ganan, y mucho, mientras otros pierden”. Ricardo Bayo, secretario de organización de UPA-PV apunta que los pequeños agricultores “no tienen capacidad de negociación y esto lleva a que muchas veces los precios no cubren ni los costes de producción”.
En el mismo sentido, Carles Peris, secretario general de La Unió, afirma que “el que genera el valor en la cadena alimentaria es el que menos percibe. Las grandes superficies actúan en una clara posición de dominio y se llevan gran parte de la rentabilidad”. Pablo Sáez, secretario de organización de CCPV-COAG (Coordinadora Campesina del País Valenciano-COAG), mientras se dispone a podar los almendros, se lamenta de que varía según los años “hay temporadas en que no trae cuenta ni siquiera recoger la almendra de lo poco que se obtiene”.
La Comunidad Valenciana, además, tiene un alto grado de minifundio que, aunque favorece la socialización de la tierra también fomenta una escasa competitividad que deriva en poca rentabilidad y abandono de tierras. En contraste, el acceso a la tierra es muy difícil. En palabras de R. Bayo, “el amor a la tierra de muchos agricultores hace que la lleven más con el corazón que con la cabeza. No la pueden cultivar, pero no se quieren desprender de ella”. C. Aguado afirma que si no se tomas medidas para modernizar las estructuras agrarias “continuarán creciendo las tierras sin cultivar, con la pérdida económica, social y medioambiental que ello supone”.
Uno de los retos a los que se enfrentan estas explotaciones es que tienen que hacer frente a la necesaria transformación hacia sistemas más sostenibles. C. Peris considera que “es un proceso positivo para la sociedad pero que se tiene que dar en condiciones de simetría y equilibrio a nivel mundial”. En este sentido todas las organizaciones señalan que no es admisible que la Unión Europea utilice la agricultura como “moneda de cambio” en las negociaciones con terceros países para obtener ventajas comerciales en otros sectores.
La FAO ha insistido en numerosas ocasiones en que el declive mundial en las poblaciones de abejas supone una seria amenaza para una gran variedad de plantas. En la Comunidad Valenciana los apicultores padecen además el problema de una estricta legislación que limita mucho la instalación de colmenas. P. Sáez, en su condición de apicultor, aboga por recuperar las prácticas agrícolas de nuestros abuelos y fomentar la agroecología como solución a muchos problemas del campo. Se muestra especialmente preocupado por la pérdida de biodiversidad y los problemas que se generan por la fertirrigación y la utilización de lodos como fertilizante: “hay que formar ecosistemas en los que se cultiven naranjos, no fábricas de producir naranjas”.
Las soluciones
La reciente Ley de la Cadena Alimentaria que intenta asegurar que los precios pactados con los agricultores cubran los costes efectivos de producción ha tenido desigual acogida entre las organizaciones agrarias. Para unas es un primer paso muy positivo, para otras es totalmente insuficiente. Aunque sí hay coincidencia en señalar que son necesarias medidas legislativas que favorezcan la modernización de la Agricultura. Aguado reclama que se le dé prioridad a la Ley de Estructuras Agrarias para evitar el abandono de tierras. C. Peris reclama un mejor y más flexible plan de ayudas que favorezca la incorporación de jóvenes a la agricultura para evitar que las tierras estén concentradas cada vez en menos manos. P. Sáez apunta que “o parten de una explotación ya en macha o es imposible para los jóvenes abrirse paso. Las ayudas son totalmente insuficientes”.
En este sentido, R. Bayo insiste en la necesaria profesionalización del campo: “hay que dignificar la profesión del agricultor. Hay que profesionalizar el campo. En la agricultura, como en todo, hace falta talento. Los jóvenes tienen que entender que las explotaciones bien dimensionadas y estudiadas son viables”. También abogan por unas cooperativas más profesionalizadas y en las que se haga patente el relevo generacional, para que realmente resulten competitivas. P. Saez reclama un “cooperativismo real: los intereses de grandes multinacionales incentivan que no funcionen los movimientos de cooperativismo real”.
Y todos reclaman de la Unión Europea una PAC justa, orientada sobre todo a la agricultura familiar, porque será la única forma de ayudar a fijar la población en las zonas rurales y evitar el gravísimo problema de despoblación que experimentan muchas regiones.
La crisis de la COVID- 19
Una de las consecuencias positivas de la pandemia es que se ha hecho más visible la labor de las personas que trabajan en el campo. En este sentido C.Aguado afirma que “la clase política ha reconocido la labor esencial que desempeñamos para suministrar alimentos en cantidad y calidad, pero ese reconocimiento no se premia y muchos pequeños productores están sufriendo problemas de comercialización muy graves”. P. Sáez se muestra más crítico: “ha sido un espejismo de unas semanas o unos meses, pero ya se ha diluido”. Ilusorio o no, lo cierto es que se atisba una mayor conciencia entre los consumidores de la importante labor de las personas que desde el campo surten los mercados y los lineales en los que realizan sus compras. El paso siguiente es actuar con la convicción de que hay que pagar un precio justo por ese trabajo.
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